Prohibido despedir

La justicia laboral ordenó a la empresa de limpieza y vigilancia SECCLEAN SA la reinstalación de un trabajador en su puesto de trabajo y el pago de salarios adeudados durante la pandemia. La decisión judicial fue adoptada en respuesta a la demanda de un trabajador de vigilancia que vive en Villa 15, Ciudad de Buenos Aires, y presentada con el patrocinio legal de CEJIP. La empresa había tomado la decisión ilegal de desvincular al trabajador durante la prohibición de despidos dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria.

El trabajador de vigilancia, principal sostén económico de su familia, fue despedido cuando se daba a conocer que las villas de la Ciudad eran las zonas más afectadas por la rápida propagación del virus. Él y su familia viven en Villa 15, uno de los barrios populares con más casos confirmados de la Ciudad. De hecho, parte de su familia fue diagnosticada positivo de COVID-19.

El trabajador, con patrocinio legal de CEJIP, demandó a la empresa SECCLEAN SA en defensa de sus derechos laborales. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 2, a cargo de la Jueza Patricia Silvia Russo, reconoció que la decisión de la empresa fue ilegal dado que se produjo durante la vigencia de la prohibición de despidos. En consecuencia, ordenó la inmediata reinstalación en el puesto de trabajo y el pago de los salarios adeudados.

La empresa, que apeló la sentencia,  presentó documentación falsa para demorar el proceso judicial y lograr el rechazo de la demanda en su contra. Sin embargo, luego de 6 meses de litigio, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo finalmente confirmó la sentencia y resolvió a favor de los derechos sociales del trabajador, privado de sus ingresos de subsistencia en plena pandemia.

La violación de derechos que enfrentó este trabajador se reitera en los barrios populares donde CEJIP promueve el acceso a la justicia y la defensa de derechos. Trabajadorxs  de la construcción, de vigilancia y de casas particulares, en su mayoría del sector informal de la economía, fueron despedidxs por sus empleadorxs pese a la normativa vigente que lo prohíbe expresamente. 

Situaciones como estas desencadenan múltiples vulneraciones de derechos. Sin ingresos básicos, lxs trabajadorxs no cuentan con lo necesario para asegurar la subsistencia familiar, y tampoco pueden pagar sus alquileres. Por lo tanto, se enfrentan al riesgo de quedar en situación de calle. Pese a que rige la prohibición de desalojos durante la pandemia, la normativa resulta de muy difícil cumplimiento en el mercado de alquiler informal de las villas.

La defensa del derecho al trabajo se tornó crucial en este grave contexto. Medidas estatales como la prohibición de despidos y desalojos son sumamente necesarias y deben tener continuidad, ya que funcionan como garantías legales y sociales para los sectores más afectados por la actual crisis social y sanitaria.

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