¿Qué hicimos en 2020?

Este 2020, año signado por la pandemia, desde la organización Centro para una Justicia Igualitaria y Popular -CEJIP-desarrollamos acciones para contribuir a la defensa de derechos y el acceso a la justicia en los barrios populares.

Foto titulada “Un lugar en el mundo” de Natalia Godoy y tomada en Villa 15, Ciudad de Buenos Aires – Fundación PH 15

Durante 2020 desde CEJIP trabajamos en la defensa de derechos humanos y el acceso a la justicia en los barrios populares. En este difícil contexto socio-sanitario, que impactó de forma agravada en las villas, fue necesario redoblar los esfuerzos para acompañar las demandas por el acceso a derechos en los barrios. Ante el desafío que representó el aislamiento social obligatorio readecuamos nuestra modalidad de trabajo. Para lograrlo reforzamos alianzas con referentes barriales y organizaciones sociales, ubicadas en diferentes sectores de los barrios. De este modo, mantuvimos el vínculo territorial y comenzamos a atender de forma virtual.

Continuamos brindando asesoramiento legal gratuito y atendimos consultas sobre acceso a la vivienda y a servicios esenciales, derecho de familia, derechos laborales, violencia doméstica, acceso a prestaciones de salud, asuntos penales, acceso a prestaciones de la  seguridad social y alimentación. Por primera vez en los 12 años de trabajo de la organización, la cantidad de consultas por afectaciones al derecho a la vivienda, al trabajo, y al acceso a servicios esenciales pasaron a formar parte de los asuntos más consultados, junto con los temas de familia.

Por otro lado, seguimos litigando casos de derechos sociales y, a su vez, iniciamos nuevas acciones judiciales colectivas en defensa del derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda y al acceso a servicios esenciales. En el mes de mayo, junto a 6 familias de Villa 15, denunciamos el desalojo forzoso que enfrentaban ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En una decisión sin precedentes en Argentina, el organismo de Naciones Unidas otorgó una medida previsional y ordenó al Estado Argentino la inmediata suspensión del desalojo y la protección del derecho a una vivienda adecuada de las 26 personas afectadas.

A su vez, nos presentamos junto a referentes barriales y organizaciones sociales en un amparo colectivo, que tramitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 24 de la Ciudad, donde se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elaborar e implementar de forma participativa un Protocolo COVID-19 para los Barrios Populares. Formamos parte de la mesa de trabajo creada en la causa, realizamos propuestas y monitoreamos el cumplimiento de medidas dirigidas a la protección de los derechos a la salud, a la vivienda, a la alimentación y a la participación de las comunidades de los barrios vulnerabilizados de la Ciudad.

Frente a las crecientes consultas recibidas sobre  derechos laborales, patrocinamos a un trabajador que vive en Villa 15 y fue despedido de forma ilegal, en violación a la normativa que prohíbe los despido durante la pandemia. Para ello demandamos a la empresa, y logramos que la Justicia Laboral ordene la reinstalación del trabajador en su puesto y el pago de salarios adeudados.

Por otra parte, trabajamos en dos informes sobre la afectación de derechos en el contexto de COVID-19 y el acceso a servicios esenciales en Villa 15, barrio Santander y NHT Av. del Trabajo. Estos documentos, elaborados a partir del trabajo con referentxs y vecinxs del barrio, dan cuenta de la gravedad de la situación, visibilizan las problemáticas barriales en el contexto de la emergencia sanitaria, económica y social y también son herramientas para potenciar demandas de derechos ante los organismos estatales responsables, por medio de presentaciones administrativas y judiciales.

Continuamos participando en Habitar Argentina, colectivo multiactoral y federal conformado por organizaciones que promueven y defienden el derecho al hábitat en todo el país. Desde este colectivo, junto con otras organizaciones e instituciones, elaboramos una propuesta de política pública para intervenir en conflictos por la tierra y la vivienda que se presentó en el Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat. El objetivo central de la propuesta es evitar los desalojos y la violación al derecho a la vivienda de personas, grupos y colectivos vulnerabilizados.

Estas acciones colectivas desarrolladas durante 2020 son resultado del trabajo sostenido y organizado de abogadxs y estudiantes de derecho comprometidos con los derechos humanos y el acceso a la justicia de las comunidades más vulnerabilizadas. A su vez, fue fundamental la articulación con referentxs y organizaciones sociales, que impulsaron las demandas y se constituyeron como un enlace crucial entre las personas y grupos afectadxs, y nuestra organización.

Vamos a seguir trabajando para que 2021 sea un año en el cual las demandas por el acceso igualitario a derechos de la población de los barrios sean escuchadas y realmente tenidas en cuenta. Agradecemos enormemente el apoyo y la confianza de quienes acompañan nuestro trabajo legal y territorial.

Un abrazo

CEJIP

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