La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) realizó un informe que da cuenta de las modalidades de violencia policial que se ejercen sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la CABA tomando como insumo las denuncias recibidas por el organismo durante 2015. El análisis visibiliza las prácticas de violencia institucional producidas en distintos barrios de la Ciudad y permite contextualizar la situación de la Comuna N° 8 y Villa 15.
Se pone de manifiesto que la zona sur de la ciudad “constituye un punto nodal de centralización de la violencia y persecución policial”. La comisaría N° 48 de Villa Lugano recibió un total de 9 denuncias, superada sólo por las dos comisarías más denunciadas, la comisaria N° 9 y la N° 38 con 16 y 12 denuncias respectivamente. Las tres se encuentran entre las 11 comisarías que reunidas suman la mitad del total de denunciadas efectuadas durante 2015. A su vez, la Policía Federal sigue siendo la institución más denunciada, seguida por Gendarmería y Prefectura Nacional, que participan del operativo “Cinturón Sur” y registran un participación del 14% de los casos denunciados.
Casi en su totalidad las víctimas son varones, siendo el más joven un niño de 10 años de edad. 9 de cada 10 víctimas son argentinas y el 87% contaba con documento al momento de su detención. La totalidad de las niñas, niños y adolescentes denuncia haber recibido golpes al momento de su detención, en un 95% de los casos.
Entre los principales tipos de violencia que surgen de los relatos efectuados por los jóvenes varones en las denuncias, se observó la utilización de las esposas como instrumento de hostigamiento y producción de dolor/sufrimiento, en un exceso de su función operativa que la transforma en herramienta de castigo. La otra modalidad que emerge del informe es el juego entre ocultamiento y visibilidad que las fuerzas de seguridad realizan sobre sus prácticas violentas con los miembros de la sociedad civil, ya sea para evitar poner en riesgo su impunidad o para tercerizar la agresión por parte de la sociedad civil, apelando al repudio social que recae sobre ciertas figuras delictivas.
Finalmente, la práctica institucional que constituye el mayor nivel de peligro potencial para los y las más jóvenes es el amedrentamiento con armas de fuego como modalidad de inhibición al momento de su detención, que se agrava al observa la frecuencia con la cual se efectúan disparos y se recurre a los “culetazos”.
Por último, el otro eje fundamental del informe demuestra cómo el género puede ser un factor de nuevas formas de violencia que complejizan el espectro de las violencias institucionales. Así la PROCUVIN corroboró que las niñas y mujeres sufren otro tipo de humillaciones vinculadas a su género, en primer lugar algunas jóvenes debieron solicitar que la requisa la realice una oficial mujer, pese a que se trata de una obligación de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, se reiteraba en las denuncias las prácticas de violencia verbal referidas a estereotipos negativos de la femineidad, dispensados tanto por oficiales mujeres como hombres. En conjunto, estas denuncias evidencian una estructura de funcionamiento machista de las fuerzas de seguridad, donde la problematización de la violencia de género debe colocarse (como parte de) la problematización de la violencia institucional.
Para conocer mas detalles, el informe se encuentra disponible en: Violencia institucional contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito de CABA
CEJIP 