Buenos Aires, 30/05/18.-Como parte del colectivo multi-sectorial Habitar Argentina, Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP) remitió sus aportes y observaciones al proyecto de ley en trámite ante la Cámara de Diputados de la Nación
El pasado miércoles 16 de mayo ingresó en el Congreso Nacional el proyecto de ley de regularización dominial y de integración socio-urbana, impulsado conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y organizaciones como TECHO, CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y Caritas Argentina. Este proyecto busca expropiar las tierras donde se encuentran los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), para su posterior regularización dominial y el acceso a servicios públicos.
CEJIP, junto con el resto de organizaciones e instituciones que conforman el colectivo Habitar Argentina, formuló observaciones y propuestas al proyecto de ley actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la experiencia de trabajo en Villa 15, el NHT Av. del Trabajo y Santander. De aprobarse esta ley, una vez finalizados los censos de las familias de estos barrios, se dará un paso muy importante para lograr la progresiva urbanización de las villas y asentamientos de la Ciudad y del resto del país.
Los aportes de CEJIP se refieren a la necesidad de jerarquizar el estatus jurídico de los certificados de vivienda de aquellos barrios inscriptos en el RENABAP, por ahora regulado sólo por decreto, para que tengan reconocimiento en una ley formal y garanticen la protección del derecho a la tenencia en las villas, hasta tanto se logre el objetivo que persigue el proyecto de ley.
Se propuso garantizar la participación informada, el debido proceso y la protección de los derechos de la población involucrada durante la tramitación de los procesos de integración y de regularización urbano-dominial. Asimismo, se expresó la importancia de asegurar que estos procedimientos tramiten en un plazo razonable, de forma gratuita, con preferente despacho y asegurando los derechos humanos de la población que habita los barrios populares.
A su vez, se propuso agregar expresamente al texto del proyecto el compromiso y respeto al debido proceso, el principio de no regresividad y el derecho al acceso a la justicia en las distintas instancias de implementación de esta política pública. En particular se solicitó que se respete el derecho de la población de los barrios populares inscriptos en el RENABAP a participar, ser oídos y exigir el cumplimiento de la legalidad, mediante el ejercicio de acciones y derechos en el marco de los expedientes y procesos administrativos dirigidos a implementar esta futura ley.
En especial, se hizo particular énfasis en fortalecer el valor legal de los certificados de vivienda. Ello debido a la envergadura del objetivo que se propone la ley, que busca revertir violaciones estructurales de derechos humanos de millones de personas, involucra a miles de barrios populares en todo el país, distintos niveles de gobierno y actores privados. Sin duda, en caso de sancionarse este proyecto, poner en marchas las decisiones y medidas necesarias para lograr progresivamente su implementación llevará años. Por ello resulta fundamental que en el mientras tanto la población de estos barrios cuente con un instrumento legal provisorio.
El Decreto N° 358/2017 fue un importante avance en este sentido al crear el registro, censar los barrios y establecer los certificados de vivienda como un mecanismo fundamental para exigir el acceso a servicios públicos y la infraestructura necesaria para la integración socio-urbana. Por este motivo, para profundizar esta política, es fundamental que se reconozca el valor jurídico del certificado de vivienda, como forma de hacer efectiva el derecho a la seguridad de la tenencia hasta tanto se avance en la regularización dominial que propone la ley.
De este modo, se podrá jerarquizar este instrumento jurídico que por ahora sólo está reconocido por un decreto pero no cuenta con estatus jurídico de ley. Su inclusión expresará el cumplimiento del Estado de los estándares sobre derecho a una vivienda adecuada y seguridad jurídica de la tenencia, establecidos por el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, el Comité DESC y el informe sobre seguridad de la tenencia elaborado por la Relatora Especial sobre el Derecho a la Vivienda de Naciones Unidas Raquel Rolnik.
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