Introducción

Las personas que habitan en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires enfrentan dificultades específicas para cumplir con las medidas de prevención dispuestas por el gobierno nacional para afrontar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En estos barrios, tanto las medidas de aislamiento social como las previsiones de higiene y saneamiento destinadas a evitar la trasmisión del virus, resultan insuficientes si no se aseguran las condiciones materiales adecuadas para que las personas puedan implementarlas. Se trata de poblaciones que viven en condiciones de hacinamiento crítico, sin acceso a agua potable y otros servicios esenciales. Esta situación ha acelerado significativamente la transmisión del COVID-19.

En línea con ello, las consecuencias derivadas del COVID-19 afectan de manera diferencial a estas poblaciones profundizando la situación de desigualdad estructural a la que se encuentran expuestas. En los barrios populares predominan los casos de personas que han perdido sus actividades laborales y, como consecuencia, carecen de recursos económicos para acceder a la alimentación. Actividades como la venta ambulante, las obras de la construcción, el comercio en ferias, el trabajo doméstico en casas particulares, los puestos de comida al paso, -dentro de una infinidad de changas y otros trabajos informales-, se encuentran detenidos, y las personas que realizaban estos trabajos sin ninguna posibilidad de generar ingresos.  

Mientras tanto, los casos confirmados de COVID-19 en villas continúan en rápido aumento. Ello evidencia que resultan imprescindibles las intervenciones estatales diferenciadas y adecuadas a la realidad de las villas, para que las personas que habitan estos barrios también puedan cumplir las medidas de prevención. Asimismo, la situación económica y social en la que se encuentran sus habitantes requiere de medidas de contención urgentes que contemplen una dimensión de género y derechos humanos. 

Para realizar este documento se consultó a referentas de comedores, espacios comunitarios y ollas populares, a quienes trabajan en instituciones estatales dedicadas a la protección de derechos en el territorio y a profesionales de los centros de salud comunitario. Se relevaron noticias sobre la pandemia y las villas publicadas en diversos periódicos nacionales. También se consideró el tipo de consultas legales que recibió CEJIP durante el periodo de aislamiento social obligatorio.

En este contexto de profunda gravedad, presentamos este informe con el objetivo de contribuir a la producción de información sobre las consecuencias del COVID-19 que enfrentan las personas de Villa 15 y sus barrios aledaños: el Barrio Santander y NHT Av. del Trabajo, de la comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires.

El aumento de demanda en los comedores y merenderos

La demanda por el acceso a la alimentación aumentó significativamente en todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires desde que se decretaron las medidas de aislamiento social obligatorio. Esta situación implicó un drástico crecimiento de la demanda en los comedores y merenderos escolares y comunitarios.

En villa 15 en particular, Laura Acuña, responsable del comedor Alfa y Omega y referenta barrial, señaló que desde que comenzó la pandemia aumentaron las familias que se acercan al comedor para pedir vacante, generando una demanda bastante numerosa. En opinión de Laura, el aislamiento social obligatorio provocó que muchas familias perdieran sus fuentes de ingresos y, por ello, familias que nunca lo habían necesitado, empezaron a concurrir al comedor, solicitando vacantes hasta que finalicen las medidas de aislamiento adoptadas y puedan volver a trabajar.

Desde que se dispuso el aislamiento social obligatorio, Laura recibe 186 personas en el comedor Alfa y Omega, entre adultes, niñes y personas mayores. Cuenta con alimentos frescos y secos que entrega el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero las raciones son insuficientes para cubrir la demanda creciente. Junto a las personas que trabajan con ella, realizan un gran esfuerzo para llenar las ollas y lograr que quienes asisten cuenten con su propia vianda. 

En el comedor En-Haccore, a cargo de Bilma Acuña, la situación es similar. Antes de la pandemia, Bilma recibía a 400 personas, y actualmente recibe a 700, registrando así un 40% de aumento en la demanda. Los alimentos se entregan a través de viandas que son preparadas en el comedor de lunes a viernes. Como en el caso de Laura, el menú tiene alimentos secos y frescos, pero no siempre alcanzan. Bilma señala que debido al faltante y a la baja calidad de los alimentos, debe salir a comprar por cuenta propia una o dos veces por semana. Al mismo tiempo, desde el comedor están impulsando un reclamo para que se incremente la entrega de bolsones y poder así cubrir la falta de viandas los sábados y domingos, debido a que les preocupa que las personas que acuden sólo pueden acceder a un plato de comida una vez por día y los días de semana unicamente. 

Elvio Espínola también trabaja en el comedor creado en la Capilla San Francisco de villa 15. Destaca que a partir de la declaración del aislamiento social obligatorio en todo el barrio se armaron pequeños comedores. Con su compañera salen a recorrer las panaderías del barrio para conseguir pan y así poder ofrecer comida en el comedor, en especial para las personas mayores. Elvio aclara que las mujeres que trabajan en el comedor son quienes ponen el cuerpo frente a la situación. Por ejemplo, en su turno, hay numerosas mujeres cocinando mientras que son dos o tres varones realizando la misma tarea. Para Elvio, son ellas las que están poniendo el pecho a las balas frente a la crisis en los barrios populares. 

De acuerdo a la referenta barrial Elisa Rodríguez, en Villa 15 y Barrio Santander hay una fuerte contención social por parte de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Se creó un grupo de trabajo entre referentes, delegades y organizaciones sociales de distintas manzanas y sectores de los barrios para tomar acciones conjuntas frente al COVID-19. Además, de acuerdo a la información brindada por Elisa, en la escuela primaria de la Parroquia, ubicada en la calle Santander, funciona un comedor de lunes a sábado donde asisten aproximadamente 500 personas.

Por su parte, Victoria Centurión, a cargo del Comedor Horas Felices, en la Manzana 30 de Villa 15, brinda asistencia alimentaria a 250 personas. Expresa que en el barrio no se brinda la suficiente información sobre las medidas de prevención para evitar la trasmisión del virus y cuidarse en los comedores. Elementos de cuidado, higiene y prevención, como lavandina, tapa bocas, máscaras, guantes de látex, son adquiridos con sus propios recursos. Pese a los reclamos, el Gobierno de la Ciudad no ha brindado estos elementos.

Según Victoria, ante la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la necesidad de acceso a derechos fundamentales como la alimentación, la única alternativa para quienes habitan en estos barrios es la asistencia a los comedores. El aumento de la demanda y las insuficientes raciones proveídas por el estado local, derivó en la presentación de reclamos solicitando que se aumenten las 175 raciones que reciben actualmente por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Sin embargo, las autoridades a cargo ofrecieron sólo 15 raciones más. Tampoco se adoptaron medidas de cuidado especiales de prevención para las mujeres que trabajan en los comedores, y se encuentran más expuestas al contagio frente a la circulación del virus. 

Victoria señala que por la mañana no tienen agua, lo que imposibilita afrontar la propagación del virus en el barrio. La única respuesta por parte de la dependencia del estado local pertinente, la Unidad de Gestión e Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, fue la entrega de sachets de agua de AYSA, que resultan insuficientes para afrontar las necesidades que tiene el comedor en materia de higiene, alimentos y limpieza.

En villa 15, además, el trabajo de los comedores en general se complementa con las ollas populares que se realizan en el barrio, en su mayoría a partir de donaciones y sin apoyos estatales. Esta actividad social y comunitaria resulta fundamental para brindar el servicio alimentario especialmente los fines de semana, cuando la mayoría de los comedores y merenderos del barrio no ofrecen alimentos.

Cabe destacar que la necesidad acuciante de procurar la subsistencia alimentaria para las familias y la demora en la respuesta estatal ha generado también gran acumulación de personas en los focos de distribución (comedores barriales, Parroquia Nuestra Señora del Carmen).

La crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia a su vez, visibiliza el liderazgo de las mujeres, adolescentes y otras identidades feminizadas en las acciones llevadas a cabo frente al COVID-19. Históricamente, fueron las mujeres quienes impulsaron las estrategias comunitarias de supervivencia ante situaciones de crisis económica y social. Como se desprende de estos testimonios, hoy también son ellas quienes sostienen las tareas comunitarias en los barrios para hacer frente a las urgencias sociales y alimentarias. 

Esta realidad, no obstante, las expone a mayores riesgos de trasmisión. Por ello, las respuestas estatales para contener la pandemia deben adoptar una dimensión de género que contemple el rol de las mujeres, adolescentes, travestis y trans, en las tareas comunitarias que se desarrollan en villas y asentamientos, con el objetivo de brindar protección social a quienes están liderando la lucha contra la pandemia. 

La pérdida de actividades laborales

La demanda en los comedores y merenderos aumentó exponencialmente como consecuencia de la pérdida de actividades laborales. En especial, aquellas personas que contaban con trabajos informales y perdieron sus fuentes de ingresos, deben acudir actualmente a los comedores para poder alimentarse. 

Elvio Espíndola trabaja en el comedor de la Capilla San Francisco, que depende a su vez de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Villa 15. A través de las tareas comunitarias que realiza, Elvio pudo conocer la situación que están atravesando las personas que concurren al comedor actualmente. 

En su opinión, la mayoría de las personas que no están cobrando sus salarios habituales son quienes trabajan en la construcción, quienes hacen changas, y también las mujeres que trabajan en casas particulares y están en situación de informalidad laboral. Este contexto facilita las prácticas abusivas por parte de les empleadores. Elvio señala, por ejemplo, el caso de una trabajadora de casa particular que fue despedida por su empleadora, para quien trabajó durante 20 años, sin indemnización y sin respetar las prohibiciones de despido dispuestas por el gobierno nacional.

A su vez, para Elvio la crisis sanitaria también impacta en trabajadores que cuentan con un empleo registrado. En este sentido señala que algunas personas que tienen una relación laboral formal fueron amenazadas por sus empleadores para concurrir a sus lugares de trabajo a desempeñar tareas no esenciales bajo el pretexto de que no cobrarían el sueldo. 

En este sentido, CEJIP recibió consultas legales de trabajadores de la construcción y de trabajadoras de casas particulares, que denuncian el incumplimiento de la prohibición de despidos por parte de sus empleadores. Tal como señala Elvio, les trabajares del barrio que conservan sus puesto laborales, sufren diversos tipos de abusos, estigmatizaciones y discriminaciones por parte de sus empleadores. Por ejemplo, una de las trabajadoras de casa particular, consultante de CEJIP, que habita en Villa 15 y es madre soltera de un niño, manifestó haber sido obligada a retomar sus tareas y finalizar su licencia por cuidado de hijo. Asimismo, luego de reincorporarse sufrió hostigamiento y discriminación por parte de su empleadora, por habitar en una villa y considerarla un factor de peligro y riesgo de trasmisión del virus.

Estas dimensiones fueron abordadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo especializado en asuntos relativos al trabajo en el ámbito universal. En efecto, destacó que casi 1600 millones de las personas que trabajan en la economía informal se ven muy afectadas por las medidas de confinamiento vigentes en muchos países del mundo, por lo que se requieren medidas urgentes y significativas para protegerlas. Al respecto, señaló que gran parte de esas personas no tienen la posibilidad de trabajar a distancia desde sus hogares de modo que permanecer en casa significa perder su empleo y, sin ingresos, no pueden alimentarse. 

Cabe tener presente además que, de acuerdo a la OIT, entre las personas que trabajan en la economía informal gravemente afectadas por la crisis, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo a nivel mundial.  

El acceso al hábitat adecuado: la vivienda digna y los servicios esenciales

Los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado deben ser comprendidos a través del estrecho vínculo que tienen con otros derechos humanos fundamentales. Villa 15, Santander y el NHT Av. del Trabajo se ubican en la zona de la Ciudad que concentra el 35% de la población de las villas y la mayoría de los asentamientos precarios. 

Estos barrios presentan los más altos niveles de déficit de servicios esenciales con un 44,4% contra un apenas 3,0% del resto de la Ciudad. Registran hacinamiento crítico en un porcentaje del 12,1% mientras que en el resto de la Ciudad alcanza el 1,1%. El promedio de personas por hogar es 45% mayor y el de personas por vivienda casi el doble que el resto de la Ciudad. Presentan los hogares con necesidad básicas insatisfechas más altas, alcanzando un 27,2% sobre el 5,0% del resto de la Ciudad.

La crisis sanitaria, económica y social derivada del COVID-19 ha profundizado varias problemáticas históricas de villa 15 y sus barrios aledaños, entre ellas, la precariedad habitacional, las condiciones de hacinamiento, la falta de luz, gas, agua potable y cloacas entre otros. En el actual contexto de pandemia, estas problemáticas generan graves complicaciones ya que las condiciones de hacinamiento propician la expansión y transmisión de enfermedades. 

A su vez, la caída en la actividad del mercado informal y las pérdidas de puestos de trabajo, impacta no sólo en las dificultades para asegurarse la alimentación y en la demanda en comedores barriales. Quienes alquilan, enfrentan grandes dificultades para poder pagar sus alquileres. Esta situación genera serios conflictos entre locadores y locatarios informales, que se agrava porque no cuentan con mecanismos legales o institucionales para su resolución de forma pacífica.

En este contexto, CEJIP recibió consultas legales sobre amenazas e intentos de desalojos en Villa 15, Barrio Santander y NHT Avenida del Trabajo. Esta “lógica de expulsión” de los sectores más vulnerabilizados de la Ciudad de Buenos Aires se torna dramática en el marco del aislamiento social obligatorio. Si bien, a través de los decretos de necesidad y urgencia 319/2020 y 320/2020 se establece que hasta el 30 de septiembre de este año se congelan los precios de los alquileres y  se suspenden los desalojos por falta de pago, en los barrios populares la locación de habitaciones se produce en un marco de informalidad. 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no existe una política local que permita canalizar y resolver de forma institucional un incumplimiento a la prohibición de desalojos de inquilines durante la vigencia de estas medidas. Esta situación de inseguridad de la tenencia, sumada a los obstáculos estructurales que enfrenta la población de villas para acceder a la justicia, dificulta que las garantías legales sancionadas por el Estado Nacional,  resulten efectivas para les inquilines informales que habitan en estos barrios.

El alquiler en las villas está dominado por una racionalidad dirigida a la obtención de ganancias, aunque también se dan excepciones en aquellos casos donde se alquila para asegurar ingresos mínimos de subsistencia y no con una lógica acumulativa. La falta de pago de alquileres genera dificultades para quienes alquilan habitaciones o viviendas en el barrio, ya que resulta su única o la principal fuente de ingresos. 

Ante esta alarmante situación, algunos mecanismos estatales como los que impulsa la mediación comunitaria del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, o la Defensoría del Pueblo en Villa 15, Barrio Santander y NHT Avenida del Trabajo,  incluyeron la gestión de mediaciones comunitarias con ambas partes para lograr acuerdos sobre los retrasos en el pago del alquiler. 

En lo que respecta al acceso al agua, numerosas familias en villa 15 se encuentran totalmente desprotegidas. No cuentan con acceso formal al agua potable segura, y conviven con servicios de agua precarios que muchas veces mezcladas con aguas servidas permite la permanencia de enfermedades infecciosas. En este contexto, donde se hace imperante recurrir a ciertas medidas de higiene, las familias deben almacenar el agua en baldes, cacerolas y tachos lo que genera la proliferación del dengue. 

El acceso al agua es un derecho y un bien esencial para garantizar el derecho a la vida, a la salud y otros derechos fundamentales, y su carencia se vuelve más evidente frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, ya que para muchas personas resulta imposible cumplir con la recomendación del correcto lavado de manos y las condiciones de higiene necesarias para evitar la trasmisión de esta enfermedad.

En Villa 15 hay sectores que durante horas o días no tienen agua, otros que tienen poca presión y en muchos casos el agua que reciben no es apta para el consumo humano. Con este servicio precario de agua las familias y comedores tienen que cocinar, higienizarse y tomar las medidas sanitarias para prevenir los contagios. Es necesario recordar que el acceso al agua en los barrios populares constituye un reclamo histórico, y el aislamiento obligatorio ha intensificado la problemática.

El Gobierno de la Ciudad no desarrolló la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en diversos sectores de Villa 15. Quienes habitan en la Manzana 32 denuncian que el agua que reciben en sus viviendas no es apta para el consumo humano, tiene color amarillo y olor nauseabundo. Por consiguiente, tampoco resulta apta para la limpieza e higiene básica personal y de sus alimentos. 

Ante la circulación comunitaria del virus en el barrio, se puso de manifiesto que la falta de acceso al agua potable pone en peligro la vida y la salud de la población de Villa 15. Si bien AYSA entrega sachets de agua, y el GCBA aumentó la frecuencia de los camiones cisterna que comenzó a enviar al barrio luego de que les vecines de la Manzana 32 reclamaran durante años, las medidas resultan absolutamente insuficientes. 

Por otra parte, en relación con la falta de acceso a servicios esenciales, la imposibilidad de contar con una conexión a internet ha generado una importante circulación de personas para poder efectuar los trámites de solicitud del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por ANSES. 

Gran cantidad de las personas que habitan en barrios populares reside en piezas, en primer lugar, bajo la forma de “habitación en casa de familia” y en segundo lugar mediante “pieza en inquilinato”. Estas habitaciones son espacios reducidos donde familias numerosas deben compartir el baño, e incluso la cocina con otras personas. Estas condiciones de hacinamiento agravan y propician trasmisión del COVID -19, al ser un virus de transmisión respiratoria. 

Esta situación impide cumplir de manera estricta el aislamiento, lo que provoca que las personas no permanezcan en sus hogares y se incremente la posibilidad de trasmisión. Se suma a ello el tipo de aislamiento preventivo y obligatorio promovido en las villas y asentamientos orientado al “aislamiento comunitario” que sugiere que las personas puedan circular dentro del barrio incrementando aún más los riesgos de trasmisión. 

El problema más acuciante se vincula con la imposibilidad de las personas pertenecientes a grupos de riesgo (adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes) a aislarse totalmente ante la continua circulación de personas en sus hogares. 

Por último, cabe señalar que frente a esta grave situación se dispuso el acondicionamiento de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen para las personas mayores que habitan en villa 15 y son consideradas grupos de riesgo ante la circulación del virus.  Distribuidas en diferentes zonas barriales, la Capilla Virgen de Caacupé, ofrece alojamiento para adultos mayores, en la Manzana 30 de Villa 15, y la Capilla de San Cayetano, en el Barrio Santander, para adultas mayores. Actualmente se encuentran hospedadas 3 personas en las capillas. En estos espacios se brinda alimento, servicio de enfermería y cuidado a cargo de mujeres del barrio.

El aumento de la violencia doméstica 

Las medidas de aislamiento social obligatorio implican que las personas deban pasar todo el tiempo en sus hogares. Para las mujeres, adolescentes, travestis y trans que atraviesan situaciones de violencia doméstica y conviven con su agresor, el distanciamiento social las expone a fuertes riesgos para su integridad física y las aleja de las redes de contención familiares y comunitarias a las que podrían recurrir en otros contextos. 

Al respecto, desde ONU Mujeres alertaron sobre el aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y la mayor necesidad de protección de emergencia en todos los países que han impuesto medidas de confinamiento, entre los que incluye a la Argentina. 

En villa 15, Patricia Rodríguez acompaña a las mujeres, adolescentes, travestis y trans que se encuentran en situación de violencia doméstica. Como referenta barrial autoconvocada, recibe muchísimos casos derivados y construye redes en el territorio para poder brindar contención y acompañamiento en el proceso de realizar una denuncia. Patricia desarrolló sus propias modalidades de intervención para el abordaje de los casos, que pueden variar según la decisión de la mujer. En este sentido, busca generar espacios para hablar con la víctima y consultarle sobre los hechos, cuando ésta quiere contarlos. 

Patricia señala que siempre intenta priorizar la voluntad de la víctima, y. además brinda orientación sobre recursos y espacios de denuncia y asistencia. Cuando la persona en situación de violencia no tienen con quién ir a denunciar, ella asume ese rol de acompañamiento para que no se enfrenten solas al sistema judicial o policial. Al mismo tiempo, articula con instituciones estatales que tienen presencia territorial, y con las trabajadoras sociales que contienen a las mujeres en situación de violencia. Su principal preocupación es que a las mujeres se las revictimiza cuando tienen que relatar los hechos una y otra vez en las distintas instituciones a las que acuden. 

Desde que se dictaron las medidas de aislamiento social obligatorio, Patricia identifica un aumento de casos porque las familias están encerradas. Además, considera que a las mujeres enfrentan mayores dificultades para ir a realizar la denuncia. No siempre se conoce la excepción dispuesta por el gobierno nacional para quienes tienen que recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o a otros espacios para denunciar, y cuando se tiene conocimiento, de todas formas implica la posibilidad de exponerse y explicar por qué se está circulando si llegan a ser cuestionadas en la vía pública. En un caso que ocurrió durante los primeros días de aislamiento, Patricia logró que la persona fuera acompañada a la OVD en un patrullero para evitar esta exponerlas a este tipo de revictimización. 

La atención de la salud 

En los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) N°5 y N°28 ubicados en Villa 15 y su aledaño Barrio Santander, el COVID 19 y sus efectos, como así también la implementación de su protocolo de atención, han alterado profundamente el funcionamiento del sistema de salud en cuanto a las modalidades de atención, las condiciones de trabajo, la provisión de insumos, y el acceso a la atención de la salud, entre otros puntos.

De acuerdo a la información brindada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran quienes recurren a estos centros, trae aparejado como consecuencia que algunes pacientes discontinúen las instancias para confirmación o descarte del COVID-19, por temor a la confirmación del  diagnóstico, ya que no contarían con ayuda para el cuidado de sus hijes y/o familiares mayores a cargo. 

Los CESAC continúan funcionando en su horario habitual entre las 8 y 17 horas, y ante el aumento de consultas implementaron el “sistema triage”. Se trata de un sistema sanitario de selección y clasificación de pacientes, de acuerdo a criterios de urgencia y emergencia que permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la seguridad de las personas. 

En este marco, atienden todas las urgencias para evitar la permanencia y reunión de pacientes en espera, siendo prioridad les pacientes febriles. Se organizaron equipos de atención rotativos semanales, y se promueve la consulta telefónica y vía WhatsApp, así como también distintos canales de comunicación por Facebook e Instagram. Además, se ha dado inicio a la campaña de vacunación antigripal y las vacunas del calendario nacional que se aplican con normalidad. Se realiza a través de las postas específicas dispuestas por el GCBA, y también mediante la modalidad puerta a puerta en casos de mayores de 65 años imposibilitados de trasladarse. 

La información brindada por la Defensoría del Pueblo indica que en el CESAC N° 28, que funciona en el Barrio Santander, se han recibido casos sospechosos de la enfermedad pandémica. En este sentido, según lo expresado por profesionales de este centro de salud, frente a casos sospechosos de COVID-19, dos agentes sanitarios entrevistan a las personas que se acercan sobre sus síntomas y razones de la consulta. 

Cuando las personas tienen síntomas de COVID-19 se procede a aislarlas en consultorios preparados para ello, y se comunica al Hospital Santojanni para que gestionen el traslado a las unidades febriles de urgencia ubicadas en el hospital. Les profesionales del CESAC N° 28 señalan que, en términos generales,  cuentan con insumos y equipo médico necesario para el abordaje de estos casos. 

Les trabajadores del CESAC N° 5, no obstante, denunciaron públicamente la falta de insumos de calidad en cantidad suficiente, exigieron el aumento del personal de salud, testeos periódicos a todo el personal, mejora salarial y en las condiciones laborales.

Por otro lado, el CESAC N° 28 continúa atendiendo algunas situaciones de demanda espontánea como la entrega de métodos anticonceptivos, interrupciones voluntarias del embarazo, vacunas, controles de embarazo, entregas de leche, o controles de algunas enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. 

Además, se destaca la difusión de información sanitaria importante y la atención de consultas a través de las redes sociales en los dos CESACs de Villa 15 y Santander, y las psicólogas abordan consultas telefónicas. La farmacia continúa en funcionamiento de lunes a viernes, se entregan recetas pero se atiende por ventanilla, para evitar el ingreso al CESAC. 

Les profesionales del CESAC N° 28 señalaron que además el centro de salud cuenta con el trabajo de las promotoras de la salud que intervienen en el triage, o acercando medicamentos a personas aisladas en el barrio, e incluso repartiendo folletería. 

El pasado 23 de mayo comenzó a realizarse el Operativo DetectAR –Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina- en Villa 15 para identificar los casos positivos. Por lo cual, las 8 promotoras de salud de los CESAC N° 5 y N° 28 pasaron a realizar tareas en el marco de este operativo.

Una de las promotoras sanitarias consultadas informó que se distribuyen las manzanas del barrio y visitan las casas de las personas que tuvieron contacto estrecho o directo con personas positivas en COVID-19. Se les informa que en el Polo Educativo atiende un equipo de salud preparado para recibir consultas y, de ser necesario, realizarles hisopados. Asimismo se les explica cuáles son cada uno de los pasos del programa, se les contiene, y se brinda información sobre estrategias de prevención y cuidado para evitar el contagio.

Desde fines de abril hasta mediados de mayo del corriente año, los casos confirmados en Villa 15 se mantuvieron relativamente estables, sin superar la cifra de un dígito. Desde que comenzó a funcionar el Operativo DetectAR a la actualidad, se pasaron de 7 casos positivos registrados el día 23/05/20, a un total de 80 casos positivos el día 08/06/20.

Por último, en relación al dengue cabe señalar que de acuerdo a lo informado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se identifican casos en ambos centros de salud, los cuales son atendidos como urgencias en los propios CESAC y derivados a hospitales si los cuadros empeoran. Hay un número importante de casos, la zona es considerada “cluster” (zona conglomerada de casos), y los centros de salud intentan hacer un seguimiento. En este sentido, se entrega repelente para el personal y para la familia en seguimiento, así como mosquiteros de plástico y tul para bebes. 

Las consultas recibidas por CEJIP 

Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio CEJIP brinda atención legal gratuita de manera remota. La organización continúa recibiendo consultas a través del correo electrónico, las redes sociales y, fundamentalmente, a través del contacto con las referentas barriales. 

Si bien el trabajo con referentas, delegadas y organizaciones sociales siempre fue fundamental para el acompañamiento legal realizado en el barrio, el contexto de aislamiento social y atención remota, nos obligó a reforzar la articulación y mediación social con las demandas territoriales, frente a la afectación de derechos. En efecto, se identificó  y contactó a referentas y espacios comunitarios en cada una de las manzanas del barrio. De esta forma se busca acceder a información y recibir las consultas jurídicas de los distintos sectores y barrios donde trabajamos.

En este contexto, además, CEJIP habilitó un número de teléfono especial para facilitar el contacto de la población que habita en villa 15 con la organización. De este modo, de acuerdo al relevamiento realizado, las temáticas más consultadas desde fines de marzo corresponden a temas de vivienda y hábitat (26,1%). Esto significa una diferencia con respecto a las consultas más recurrentes antes de la vigencia de las medidas de aislamiento social obligatorio donde las consultas predominantes eran aquellas relativas al derecho de familia.

Conclusión

Según la información publicada al día 08/06/2020 se confirmaron un total de 28 casos de COVID-19 positivos en villa 15, pero consideramos que la falta de acceso al agua potable en diversas manzanas, el hacinamiento crítico, así como la falta de insumos sanitarios y de higiene, generan condiciones para que aumenten rápidamente los casos confirmados, como sucedió en los Barrios Carlos Mugica, Villa 1-11-14 y en la Villa 21-24.

Las medidas estatales, decretadas a nivel nacional y local, tanto en materia sanitaria para la prevención y control del virus, como aquellas sociales dirigidas conservar los puestos laborales y evitar desalojos, requieren adecuaciones para su efectiva implementación en villas. De lo contrario, resultan sólo medidas formales que no tienen efectos reales en la vida de la población de estos barrios.

Se requieren respuestas urgentes por parte del Gobierno de la Ciudad, en articulación con el Estado Nacional, para garantizar las prestaciones sociales necesarias, el acceso al agua potable, y para fortalecer y ampliar la asistencia alimentaria. Asimismo resulta sumamente necesario desarrollar medidas para evitar los desalojos de inquilines, y dotar de mayores recursos y protección a les trabajadores de los centros de salud comunitaria.