(26/02/18) Desde CEJIP repudiamos el desalojo forzoso ilegal realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Villa 31bis, sector Cristo Obrero.
El sábado 24/02/18, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) llevo adelante un desalojo forzoso ilegal por medio del Decreto N°61-AJG/2018. Sin orden judicial, fuera de un proceso administrativo o judicial que asegure el derecho a ser oídos, la defensa legal y la protección de los derechos humanos de las familias de la manzana 12 de Villa 31 bis, funcionarios/as del Gobierno de la Ciudad y 40 policías de la Ciudad se presentaron en las viviendas para exigir su inmediato desalojo.
En este contexto, diversas organizaciones que acompañaron a las familias denunciaron públicamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de la ciudad, la utilización de gas pimienta y las amenazas de detención contra las familias y personas que resistieron la medida forzada.
Este accionar del GCBA, que vulnera derechos sociales fundamentales y múltiples garantías constitucionales, pone en cuestión el proceso de re-urbanización que se lleva adelante en el Barrio Carlos Múgica y significa una violación de la Ley 3.334. Dicha ley, que regula la re-urbanización de las Villas 31 y 31 bis y tiene como principio central la radicación definitiva, por ello determina expresamente que: “…la implementación de este proyecto no implicará desalojo forzoso alguno” (art. 9 Ley 3.334). A su vez, esta decisión política llevada a cabo por el GCBA –en claro incumplimiento de los estándares y derechos que rigen en materia de relocalizaciones, incluso en contextos de “riesgos estructurales”- sienta un grave precedente para el resto de la población de las Villas 31 y 31 bis, así como para otras villas de la Ciudad que sufren procesos de desalojo forzado similares.
En Villa 15, el anuncio del traslado de una de las sedes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA a la zona donde se encuentra el edificio Elefante Blanco, anunciada como una medida para “la integración socio-urbana del Barrio 15”, significó el inicio de un proceso de desalojo de más de 163 familias que habitaban la manzana 27 bis. Al igual que en la Villa 31 bis, por fuera de cualquier procedimiento administrativo o judicial, las familias se vieron sometidas a “negociaciones” forzadas en una situación de desigualdad y vulnerabilidad, en clara desventaja ante el GCBA, que presionó la aceptación de subsidios insuficientes para dejar sus viviendas, en un contexto de falta de información y consulta, violación de los derechos al debido proceso y acceso a la justicia. Aún resisten pocas familias en la manzana 27 bis y lo sucedido en Villa 31 bis demuestra que–por medio de un informe administrativo sumarísimo sobre posibles “riesgos estructurales” de las viviendas- pueden verse desalojadas por decreto, sin notificaciones y de un día para el otro.
Estos desalojos forzados violan el derecho a la vivienda y al hábitat digno y agravan las condiciones estructurales de déficit habitacional que sufren los/as habitantes de las Villas. Manifestamos nuestra profunda preocupación por este acontecimiento y exigimos el respeto y cumplimiento, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los derechos y garantías de todos/as los/as habitantes de la Villa 31 y 31bis involucrados/as en el proceso de urbanización.
CEJIP 