Derecho a la vivienda: El Poder Judicial ordenó al Gobierno de la Ciudad garantizar una vivienda digna a una familia de Villa 15

Luego de reclamar ante oficinas del Gobierno de la Ciudad sin obtener respuesta, con patrocinio legal de CEJIP, la familia inició una acción judicial para que se respete su derecho a una vivienda digna.

La resolución judicial significó un antes y un después para la familia que habitaba una vivienda ubicada en Villa 15, Ciudad de Buenos Aires. Todos los días, para ingresar y salir de su casa, debían subir o bajar a través de escaleras caracol muy empinadas. La altura ponía en riesgo la vida y la integridad física de sus residentes. La  cantidad de personas que convivian en un mismo y único ambiente configuraba un estado de hacinamiento crítico. 

A su vez, debido a la precariedad del techo se producían filtraciones de agua e inundaciones los días de lluvia. De igual modo los días de calor se traducían en un medio hostil para vivir. La humedad de las paredes, la falta ventilación e iluminación del ambiente se traducía en enfermedades respiratorias para los/as niños/as del grupo familiar. Todos estos factores significaban violaciones a múltiples derechos humanos básicos.

En este contexto, con el acompañamiento legal de la organización Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP), en el año 2018 la familia realizó una acción administrativa ante la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) -dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA- para que de manera urgente asegure el acceso de su familia a prestaciones sociales básicas y al mejoramiento habitacional. Ante dicha presentación la UGIS reconoció la gravedad del caso, categorizado como de “prioridad 1”, pero al no poder ofrecer una solución en el marco de  sus competencias recomendó la relocalización de la familia y derivó el reclamo al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

Por su parte, el IVC ofreció de forma genérica una serie de políticas de financiamiento habitacional condicionadas a la acreditación previa de ingresos comprobables. Requisito que, sin las debidas adecuaciones al caso, resultan de imposible cumplimiento para una familia en situación de vulnerabilidad socio-económica de Villa 15. 

En consecuencia, la familia con el patrocinio legal de CEJIP, inició una acción de amparo para garantizar los derechos a la vida, la salud y a una vivienda digna ante el Juzgado de Primera Instancia CAYT N° 19. La jueza Andrea Danas al verificar el peligro en que incurría la familia al permanecer en la vivienda en la que estaba alojada decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada. En su decisión judicial ordenó al Gobierno de la Ciudad que incluya al grupo familiar en uno de sus programas de emergencia habitacional. 

De este modo, se logró una solución transitoria, actualmente la familia accedió a una prestación económica que le permite alquilar una vivienda digna. La medida adoptada será de carácter temporal, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, la cual implicará el advenimiento a una respuesta concluyente para el caso. 

Tras la resolución judicial Lucia Liendro, quien impulsó el amparo en representación de su familia, expresó: “Siempre recibimos respuestas negativas, durante años. Tuvimos que luchar por nuestros derechos. Comenzamos un largo camino para exigir una respuesta al Gobierno de la Ciudad y fue agotador. Tuvimos la fortaleza de reclamar lo que nos corresponde y caminamos mucho para que se respete nuestro derecho a la vivienda. Nos enfrentamos a toda una burocracia. Ahora estoy esperando en un lugar digno para mis hijos, hasta que obtengamos una  relocalización definitiva”.

La falta de intervención estatal, que obligó a Lucia Liendro judicializar el caso, pone de manifiesto la desigualdad estructural que enfrenta toda la población de villas de la Ciudad. Estas vulneraciones de derechos no se producen de forma aislada, se dan en un contexto generalizado de afectación de derechos humanos y segregación socio-urbana. Sin perjuicio de medidas aisladas y de tipo focalizado, el Gobierno de la Ciudad incumple su obligación de desarrollar una política  participativa de re-urbanización de Villa 15.